EXPERIENCIAS DE LAS NEGOCIACIONES DE PAZ

Escrito por Raquel Zelaya, Secretaria de la Paz 1996-2000

El proceso de negociaciones de paz en el caso de Guatemala significó una larga jornada y la participación de cuatro gobiernos sucesivos, trabajo con el cual se puso fin a 36 años de enfrentamiento armado.

El conflicto interno afectó nuestro tejido social y alejó de comunidades remotas la posibilidad de acceso a servicios de infraestructura, educación y salud, y se incrementaron los niveles de desigualdad. Por todo ello la firma de la paz tiene apellidos que son democracia y desarrollo integral; son sinónimo de una agenda audaz, abarcadora y compleja, la primera de este tipo, pues en el resto de países se ha pactado el cese al fuego, la incorporación a la legalidad de las fuerzas insurgentes y en casos como El Salvador, reformas constitucionales previas.

La agenda prioritaria de paz incluye: seguridad y justicia, interculturalidad, pacto fiscal, gasto social, reforma electoral y política, desarrollo rural, derechos humanos y reconciliación, relaciones civil-militares. Cualquier crítica a la misma queda ampliamente superada pues en 2011 es la agenda nacional prioritaria instalada en las demandas de la ciudadanía. Los sondeos y opiniones levantadas al respecto confirman que la agenda de paz interpreta nuestras más legítimas aspiraciones como sociedad.

Durante la administración del Presidente Álvaro Arzú se eliminó el estatus de refugiado en 1999, fueron desmovilizaron los comisionados militares y se ratificó el Convenio 169 referente a los derechos de los pueblos indígenas.

El gasto en el sector justicia casi se triplicó, de 240.6 millones en 1995 a 759.4. Según lo acordado durante las negociaciones de paz, el ejército se redujo y se propuso una nueva doctrina militar.

Fueron instaladas 21 comisiones de trabajo pactadas en los acuerdos, que abordaron de manera profunda, temas como la justicia, la reforma educativa, comisión preparatoria del Pacto Fiscal, Comisión Paritaria de Reforma y Participación, Foro de la Mujer, entre otras. Esto significó la participación de casi 200 personas para la elaboración de propuestas sobre estos temas a efectos de convertirlos en legislación, en política pública o en documentos de trabajo para el de gobierno.

En cuanto a trabajo legislativo, en tres años de implementación de compromisos de paz el Congreso de la República emitió 18 leyes vinculadas a los mismos y varias más quedaron en diversos grados de aprobación. Se creó el Banco de Desarrollo Rural y el Fondo de Tierras, la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Presidencial para resolución de conflictos de tierra.

Todo ello se puede corroborar en los informes periódicos rendidos por Minugua, además que muchas personas que fueron críticas del proceso y los acuerdos, han rectificado y ahora los invocan como el diseño de sociedad al que aspiramos y merecemos.

Escrito el 13 de diciembre de 2010.